Consejo de Estado admite tutela contra consulta popular de la reforma laboral propuesta por el Gobierno Petro

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió el estudio de una acción de tutela que cuestiona el procedimiento anunciado por el presidente Gustavo Petro para impulsar una consulta popular sobre la reforma laboral, luego de que esta fuera archivada en la Comisión Séptima del Senado.

La acción fue presentada por el ciudadano Breyner Aaron, quien argumenta que sus derechos fueron vulnerados tanto por el jefe de Estado como por la Comisión Séptima del Senado. Según el demandante, la consulta se promovió sin garantizar un debate amplio y democrático en el Congreso, afectando así los principios de participación ciudadana y deliberación legislativa.

La consulta popular, contemplada en la Constitución como un mecanismo para que los ciudadanos se pronuncien sobre decisiones de trascendencia nacional, requiere la aprobación del Congreso y el respaldo de todos los ministros. No obstante, Aaron sostiene que el anuncio del presidente Petro a través de redes sociales podría comprometer recursos públicos por más de 500 mil millones de pesos sin asegurar una participación ciudadana efectiva.

El demandante también criticó el actuar de la Comisión Séptima del Senado, señalando que el archivo de la reforma sin deliberación en el Congreso pleno vulnera el principio democrático. A su juicio, ocho senadores no pueden decidir en nombre de millones de colombianos que eligieron a todos los congresistas.

Además, Aaron solicitó al Consejo de Estado que declare inconstitucional el artículo 2 de la Ley 754 de 2002, argumentando que esta norma restringe el debate de reformas sociales a ciertas comisiones y excluye a los 280 legisladores del Congreso.

Tras admitir el recurso, el Consejo de Estado ordenó notificar al presidente de la República y a la presidenta de la Comisión Séptima del Senado. De llevarse a cabo la consulta, se requerirá la participación de al menos 13,6 millones de ciudadanos—una tercera parte del censo electoral actual de 40,9 millones—para que el proceso sea válido, además del voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos.

El alto tribunal evaluará si el procedimiento promovido por el Gobierno cumple con las garantías constitucionales y los principios de participación democrática.