CATATUMBO: TRES MESES DE GUERRA Y UNA REGIÓN A LA DERIVA ENTRE BALAS Y OLVIDO

A 90 días del recrudecimiento del conflicto armado entre las disidencias de las FARC y el ELN, el Catatumbo se ahoga en una espiral de violencia, desplazamientos y abandono institucional. La región, históricamente golpeada por la guerra, sigue hoy como un barco a la deriva en medio de un mar embravecido, sin salvavidas visibles por parte del Estado colombiano.

Los números que entrega el Puesto de Mando Unificado (PMU), bajo la coordinación de la Gobernación de Norte de Santander, revelan una tragedia que se profundiza cada día. El más reciente informe, fechado el 14 de abril, da cuenta de 106 homicidios relacionados con el conflicto: 93 eran civiles, 6 firmantes del acuerdo de paz, 3 líderes sociales, 4 menores de edad y 9 integrantes de la Fuerza Pública. Una cifra que retrata el alto costo humano de una guerra que no da tregua.

A la masacre silenciosa se suma un desplazamiento forzado que ya afecta a 64.291 personas, expulsadas de sus territorios por las balas y las bombas. Los municipios de Cúcuta, Ocaña y Tibú han recibido buena parte de esta población en condición de refugio. Mientras tanto, 12.887 personas permanecen confinadas, atrapadas en sus casas o veredas, sin posibilidad de acceso a alimentos, salud o educación.

Pero la situación sigue deteriorándose. Autoridades locales de Ocaña y Ábrego alertaron sobre una segunda ola de desplazamiento, esta vez desde las zonas rurales hacia los cascos urbanos, impulsada no solo por los choques entre grupos ilegales sino también por los operativos militares en la región.

La estela de crisis incluso traspasó las fronteras del departamento. La Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá anunció la llegada de 93 refugiados provenientes del Catatumbo, quienes habían sido reubicados en Puerto Boyacá, pero que debieron huir nuevamente por problemas de seguridad.

En paralelo, se ha disparado el número de amenazas y hostigamientos contra líderes sociales y autoridades civiles. De acuerdo con el PMU, se han radicado 458 solicitudes ante la Unidad Nacional de Protección (UNP): 408 de líderes sociales, 28 de personeros y 22 de alcaldes que piden protección ante el asedio de los violentos.

Estos datos coinciden con los hallazgos de la Comisión de Verificación “Abracemos al Catatumbo”, que en marzo visitó Tibú y denunció que la persecución sistemática a liderazgos sociales y comunitarios constituye una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario (DIH). El informe señala como principales infracciones el desplazamiento forzado, la persecución, la privación de la libertad, el reclutamiento forzado de menores, la colocación de minas antipersonal, la violencia sexual, y hasta el uso de la guerra para generar hambre y escasez.

A esto se suman los bombardeos indiscriminados, los confinamientos y las restricciones a la movilidad, que han alterado la cotidianidad de miles de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Pese a la gravedad de la situación, los mecanismos excepcionales de respuesta del Gobierno nacional parecen haber sido insuficientes. El Estado de Conmoción Interior, declarado para agilizar recursos y programas en salud, educación, infraestructura y erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, vence en ocho días y podría ser tumbado por la Corte Constitucional. A la fecha, no ha producido efectos tangibles en la región.

Ni siquiera las múltiples visitas del presidente Gustavo Petro a Tibú, Ocaña, El Tarra y Cúcuta, ni la firma de un “pacto transformador”, han logrado destrabar la maraña burocrática que impide saldar la deuda histórica del Estado con el Catatumbo.

En estos tres meses, lo único que ha avanzado es la guerra. Mientras tanto, la población civil sigue esperando que la institucionalidad cumpla su promesa de paz con justicia social. El Catatumbo resiste, pero también clama. Porque en medio de tanto dolor, aún hay voces que no se apagan.