El agua que no ves: Las conexiones ilegales afectan la seguridad de todos
- PrensaFMSantader
- 4 abr
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Las pérdidas de agua potable en el Valle de Aburrá y Rionegro han alcanzado cifras preocupantes, estimándose en alrededor de 117 millones de metros cúbicos. Este volumen es equivalente a llenar diez veces el embalse de La Fe, ubicado en El Retiro, Antioquia, una de las principales reservas hídricas del departamento.
Para dimensionar el impacto, esta cantidad de agua alcanzaría para abastecer durante diez meses a toda la población de un municipio como Medellín, según cálculos de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Sin embargo, una de las principales causas de estas pérdidas está relacionada con las conexiones ilegales, una problemática que afecta la prestación del servicio de acueducto y reduce la cantidad de agua disponible para quienes la consumen de manera regular.
Conexiones ilegales: un problema creciente
El impacto de las conexiones ilegales va más allá de la disponibilidad del recurso. Estas prácticas no solo ponen en riesgo la infraestructura del acueducto, generando daños en las redes y elevando los costos de mantenimiento, sino que también incentivan el derroche de agua. De acuerdo con estimaciones de expertos, quienes acceden al agua de manera fraudulenta consumen entre dos y tres veces más que los usuarios que pagan legalmente por el servicio.
El problema no es menor si se considera el crecimiento poblacional y el aumento de la demanda de agua en la región. Con el cambio climático y las temporadas de sequía cada vez más frecuentes, el uso responsable del recurso hídrico se convierte en un desafío clave para las autoridades y la ciudadanía.
Llamado a la conciencia y acciones de control
EPM ha insistido en la necesidad de generar conciencia sobre el impacto negativo de las conexiones ilegales y ha intensificado los operativos para detectar y sancionar estas prácticas. Además, se han implementado campañas de sensibilización para promover el uso responsable del agua y garantizar que el suministro llegue de manera equitativa a toda la población.
El reto ahora es fortalecer la vigilancia y la cultura del pago del servicio para evitar que la crisis hídrica se agrave. A fin de cuentas, el agua es un recurso vital que debe ser protegido y administrado con responsabilidad.
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