Concejales de Cúcuta, al banquillo: once concejales enfrentarán proceso de pérdida de investidura

Tribunal Administrativo de N. de S. admite demanda de pérdida de investidura contra once concejales de Cúcuta por presunta indebida destinación de recursos públicos

Tribunal admite demanda de pérdida de investidura contra once concejales de Cúcuta. / Foto: Caracol Radio.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander decidió admitir una demanda de pérdida de investidura contra once concejales de Cúcuta, quienes deberán responder por la presunta indebida destinación de recursos públicos al aprobar el Acuerdo Municipal 020 de 2025, mediante el cual se reestructuró la Personería Municipal.

La acción judicial fue presentada por el ciudadano William Augusto Jácome Urrea, quien asegura que los corporados avalaron un proyecto que contemplaba el pago de indemnizaciones con ingresos corrientes de libre destinación, pese a que —según el marco legal vigente— este tipo de recursos no puede ser utilizado para cubrir obligaciones extraordinarias, como las derivadas de una reestructuración administrativa.

Según la demanda, los concejales habrían comprometido al municipio en gastos sin respaldo en una fuente de financiación permitida por la ley, lo que configuraría una causal grave que atenta contra el correcto uso de los recursos públicos y el respeto por el ordenamiento presupuestal.

Los concejales señalados

Entre los corporados incluidos en la acción de pérdida de investidura están:

• Víctor Guillermo Caicedo Pinzón

• Albert Lufrandy Casadiegos

• Edison Ernesto Contreras Rodríguez

• Jair Antonio Díaz Ardila

• Guillermo León Báez

• Sergio David Matamoros Rueda

• Álvaro Andrés Raad Forero

• Carlos Alberto Dueñas Yaruro

• Carlos Luis Chacón Contreras

• Jhon Jairo Villamizar Mora

• Jefferson Castellanos Silva

Todos fueron elegidos para el periodo constitucional 2024–2027.

El avance del proceso

En el auto de admisión, el Tribunal determinó que la demanda cumplía con los requisitos legales y ordenó notificar personalmente a cada uno de los demandados para que, en un plazo de cinco días, respondan a las acusaciones y alleguen el material probatorio que consideren pertinente.

Adicionalmente, se solicitó a la Organización Electoral la certificación oficial de sus credenciales. Cumplido el trámite de traslado, el despacho procederá al análisis de fondo y a la valoración de las pruebas.

Si la pérdida de investidura es declarada procedente, los concejales perderán automáticamente su curul y quedarán inhabilitados para ejercer cargos de elección popular, de acuerdo con lo establecido por la Ley 1881 de 2018, una de las sanciones más severas del ordenamiento jurídico colombiano.

EDITORIAL | Cúcuta no puede seguir arrodillada ante la politiquería

El caso que hoy examina el Tribunal no es un simple trámite jurídico. Es un espejo que refleja lo más incómodo de nuestra cultura política: la facilidad con la que ciertos sectores del poder local tratan los recursos públicos como si fueran un botín para complacer intereses, cuotas o compromisos partidistas.

Lo ocurrido con el Acuerdo 020 de 2025 revela, una vez más, que hay decisiones que no se toman pensando en la ciudad, sino en las conveniencias de quienes se acostumbraron a gobernar sin controles y sin responsabilidad.Usar recursos de libre destinación para obligaciones extraordinarias no es un error técnico: es una señal de desprecio por las reglas fiscales y por la ciudadanía que con su trabajo sostiene el presupuesto municipal.

Este proceso debe ser un llamado a la cordura y a la decencia. A los concejales, para que entiendan de una vez por todas que sus actos tienen consecuencias. Y a los ciudadanos, para que dejemos de normalizar lo inaceptable.

¿Cuándo entenderán que el erario no es una piñata para repartir favores?

¿Cuándo aprenderemos, como sociedad, que vigilar es un deber y perdonar excesos es permitir que se repitan?

Cúcuta merece una clase política seria, transparente y técnica.

No más libretos viejos. No más cálculos clientelistas.

La ciudad no puede seguir pagando el precio de decisiones tomadas para complacer a la misma clase política amañada de siempre.

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