Sátira, poder y censura: el debate que abrió ‘Matador’ en la contienda política

Julio César González, ‘Matador’. Foto cortesia.

Por: Hernando Angarita Carvajal

Periodista medio alternativo, comunitario e independiente

La polémica no gira únicamente alrededor de una caricatura. Lo que hoy está en discusión es el lugar de la sátira política en la democracia colombiana y los límites —reales o impuestos— de la crítica al poder. En el centro del debate está Julio César González, ‘Matador’, caricaturista reconocido y hoy candidato al Senado por el Pacto Histórico, quien respondió con firmeza a las críticas por sus publicaciones sobre la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Las reacciones surgieron tras una serie de caricaturas y mensajes publicados en Instagram, en los que ‘Matador’ cuestiona a Valencia a partir de un hecho político concreto: su oposición al bono solidario de $230.000 para adultos mayores en condición de pobreza extrema, personas que no lograron pensionarse y para quienes ese monto representa, literalmente, la posibilidad de comer durante un mes.

“Mi rol como caricaturista es hacer caricaturas del poder, independientemente del género, sea hombre o mujer”, explicó González, al recordar el episodio que detonó su crítica: una ciudadana que increpó a Paloma Valencia en un vuelo y le preguntó por qué se había opuesto a dicho auxilio económico. La senadora respondió que la tomaron “fuera de base”. Para ‘Matador’, ese fue el hecho político que dio origen a la caricatura.

El caricaturista evocó además una frase del fallecido periodista y humorista Jaime Garzón, que hoy cobra renovada vigencia: “Los políticos no se dirigen al país, sino que se digieren al país”. Desde esa lógica, explicó, su crítica no es personal sino estructural.

“Mi crítica política es a la glotonería del poder”, afirmó. Por eso tituló su caricatura ‘Dieta parlamentaria’, en la que contrasta la negativa a un subsidio mínimo para los más pobres con imágenes de ostentación y abundancia publicadas por la propia dirigente en redes sociales.

La publicación que desató la tormenta decía, de manera provocadora, que la candidata presidencial “se come en un desayuno bufete el valor del bono solidario que le negó a los adultos mayores pobres”, rematando con una frase que incomodó a muchos, pero que para su autor cumple una función de choque y denuncia social.

“No me voy a retractar porque eso es lo que hace la caricatura: desdibujar el poder y explicarle de manera pedagógica a la gente lo que está pasando en el país”, sostuvo ‘Matador’. A su juicio, la caricatura no busca agradar al poder, sino incomodarlo.

Sus críticos, sin embargo, aseguran que las imágenes y fotografías que acompañaron el mensaje cruzan la línea y se convierten en burlas sobre la apariencia física de Paloma Valencia. El caricaturista rechaza esa interpretación y reitera que su mensaje apunta a la contradicción política y ética, no al cuerpo de la candidata.

“Ella no se dirige al país, se lo digiere”, insistió, retomando la metáfora de Garzón, en una frase que resume el espíritu de su sátira: una denuncia al privilegio en medio de la desigualdad.

Más allá de simpatías políticas, el caso deja una pregunta de fondo: ¿debe la sátira política ser objeto de denuncias cuando incomoda a quienes ejercen o aspiran al poder? En una democracia, la respuesta debería ser clara. La caricatura, como forma de opinión y periodismo gráfico, está protegida por la libertad de expresión, incluso —y sobre todo— cuando resulta incómoda, ácida o perturbadora.

Convertir la crítica satírica en un asunto judicial o moral equivale a debilitar el debate público y a blindar al poder frente al escrutinio ciudadano. La historia política de Colombia, marcada por figuras como Jaime Garzón, demuestra que el humor ha sido una de las herramientas más eficaces para desnudar las contradicciones del poder.

Desde el punto de vista jurídico, el asunto es aún más claro. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 20, protege de manera amplia la libertad de expresión, opinión y difusión del pensamiento, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa en señalar que esta protección es más amplia cuando se trata de discursos sobre funcionarios públicos, figuras políticas o asuntos de interés general.

La Corte ha establecido que:

• Los funcionarios y candidatos deben tener mayor tolerancia a la crítica, incluso cuando esta es dura, incómoda o satírica.

• La sátira política y la caricatura son formas legítimas de expresión protegidas constitucionalmente.

• El derecho al buen nombre y a la honra no puede convertirse en un blindaje contra el escrutinio ciudadano.

En sentencias como la T-391 de 2007 y la C-442 de 2011, el alto tribunal ha dejado claro que el humor, la exageración y la ironía hacen parte del debate democrático y no pueden evaluarse con los mismos parámetros de un discurso literal o informativo.

Pretender judicializar o censurar una caricatura política no solo desconoce estos precedentes, sino que abre la puerta a una forma sofisticada de censura, en la que el poder decide qué críticas son aceptables y cuáles no.

‘Matador’ lo dijo sin rodeos:

“No me voy a retractar porque eso es lo que hace la caricatura: desdibujar el poder y explicarle de manera pedagógica a la gente lo que está pasando en el país”.

Y tiene razón. La caricatura no está diseñada para agradar, sino para incomodar. No busca consenso, busca reflexión. Cuando el poder se ofende y exige retractaciones, el problema no es el tono del caricaturista, sino la fragilidad democrática de quienes no toleran el espejo.

En una campaña electoral marcada por la polarización, este episodio deja una enseñanza peligrosa: si se normaliza la censura a la sátira, mañana se censurará la denuncia, y pasado mañana, el disenso.

La discusión no es si gusta o no la caricatura. La discusión es si Colombia está dispuesta a defender la libertad de expresión solo cuando es cómoda, o también cuando duele.

Porque cuando el poder ya no soporta la risa, es porque empieza a temerle a la verdad.

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