Nueve ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Colombia tras operativos en Medellín

Autoridades reforzaron los controles migratorios y de seguridad en Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que las medidas no están dirigidas contra una nacionalidad, sino contra personas que incumplan las leyes y afecten la convivencia ciudadana.

Nueve ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Colombia en las últimas horas, luego de procedimientos adelantados por las autoridades migratorias y de seguridad en Medellín.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó sobre la medida a través de su cuenta en X y señaló que las personas objeto de los procedimientos registraban antecedentes, comparendos, investigaciones y reportes relacionados, según indicó, con posibles afectaciones a la seguridad y la convivencia.

El mandatario distrital enfatizó que las actuaciones de las autoridades no deben interpretarse como una persecución contra la comunidad venezolana residente en Medellín.

“No perseguimos nacionalidades, aquí actuamos frente a quienes afectan la seguridad y tranquilidad de la gente. El que venga a Medellín a trabajar, invertir y hacer las cosas bien, siempre será bienvenido. El que venga a delinquir, aquí no tiene espacio”, manifestó Gutiérrez.

El alcalde anunció además que continuarán los controles conjuntos con Migración Colombia y la Policía Nacional, encaminados a identificar a ciudadanos extranjeros que eventualmente se encuentren incursos en causales legales que permitan adoptar medidas migratorias, entre ellas la expulsión del territorio nacional.

DELINCUENCIA NO PUEDE ASOCIARSE A UNA NACIONALIDAD

El anuncio vuelve a poner sobre la mesa un asunto que requiere especial cuidado: la comisión de delitos por parte de algunos ciudadanos extranjeros no puede convertirse en motivo para estigmatizar a toda una comunidad migrante.

Miles de ciudadanos venezolanos han llegado a Medellín y al Valle de Aburrá para trabajar, estudiar, emprender, conformar familias y aportar a la economía regional.

Diversos análisis han advertido, además, sobre la necesidad de interpretar con cautela las cifras de criminalidad asociadas a población migrante y de evitar que casos individuales sean utilizados para atribuir comportamientos delictivos a una nacionalidad completa.

Un informe periodístico divulgado por Teleantioquia en septiembre de 2025 señaló que, de acuerdo con las cifras consultadas para ese momento, la participación de migrantes venezolanos en determinados registros de criminalidad representaba una proporción reducida frente al universo general analizado.

El mismo reporte hizo referencia a cifras de la Policía según las cuales, para entonces, se habían producido 11.932 capturas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de las cuales 1.296 correspondían a ciudadanos venezolanos.

Entre las conductas por las cuales algunos ciudadanos extranjeros han sido judicializados aparecen delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, hurto y lesiones personales.

Otro fenómeno que genera preocupación para las autoridades es el posible reclutamiento de ciudadanos extranjeros por parte de estructuras delincuenciales locales, situación que exige combatir directamente a las organizaciones criminales y no convertir a toda una población migrante en responsable de las actuaciones de unos pocos.

INTEGRACIÓN Y EMPLEO, PARTE DE LA RESPUESTA

El fenómeno también tiene una dimensión social y económica. Estudios del Migration Policy Institute (MPI) han analizado la relación entre las dificultades de acceso al empleo formal de la población venezolana y determinados indicadores de criminalidad en Colombia.

Una de las conclusiones planteadas en esos análisis es que ampliar las posibilidades de acceso legal al mercado laboral puede contribuir a reducir factores de vulnerabilidad y los riesgos de vinculación con actividades delictivas.

La expulsión de los nueve ciudadanos anunciada en Medellín deja así dos mensajes que no deberían confundirse: las autoridades tienen la obligación de actuar individualmente contra quienes infrinjan las leyes colombianas, con respeto por el debido proceso, pero esas conductas no pueden utilizarse para señalar o estigmatizar a toda la comunidad venezolana.

En Medellín hay espacio para el migrante que trabaja, estudia, emprende y respeta la ley; al mismo tiempo, las autoridades anunciaron que mantendrán los controles frente a cualquier persona —nacional o extranjera— que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana.