Exalcalde y Exconcejales de Cúcuta Señalados por Presunto Prevaricato en Modificación al POT

Exalcalde Donamaris Ramírez Paris-Lobo y los exconcejales Wilmar Manuel Cepeda Basto y Juan Pablo Celis Vergel de Cúcuta. Foto cortesia

En un giro judicial que ha sacudido la escena política de Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación ha señalado al exalcalde Donamaris Ramírez Paris-Lobo y a los exconcejales Juan Pablo Celis Vergel y Wilmar Manuel Cepeda Basto como presuntos responsables del delito de prevaricato por acción. Estas acusaciones surgen a raíz de una presunta concertación para llevar a cabo modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que habrían beneficiado proyectos urbanísticos en áreas de especial importancia ecológica.

Según la investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, los exfuncionarios se habrían unido para tramitar una extensión del perímetro urbano que incluía zonas de protección ambiental. Este cambio permitiría el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario en áreas que deberían haber estado protegidas por su importancia ecológica.

El exalcalde Ramírez Paris propuso ante el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo que planteaba esta extensión del perímetro urbano, incluyendo áreas de protección ambiental. Los exconcejales Celis Vergel y Cepeda Basto presentaron ponencias favorables, contribuyendo así a la aprobación de la iniciativa que fue sancionada por el exalcalde el 23 de julio de 2012.

Un aspecto crucial de la modificación propuesta era la obtención del concepto de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) y la definición de una franja de protección de al menos 30 metros sobre las fuentes hídricas. Sin embargo, según la Fiscalía, estos requisitos no fueron cumplidos, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad y la ética de las acciones emprendidas por los exfuncionarios.

Este caso ha generado fuertes reacciones en la comunidad, con críticos argumentando que tales acciones podrían tener consecuencias ambientales significativas y afectar la calidad de vida de los ciudadanos. La Fiscalía, por su parte, ha asegurado que continuará investigando a fondo este presunto acto de corrupción, buscando esclarecer el papel de cada implicado y determinar las posibles consecuencias legales que enfrentarán.