Catatumbo: un año de guerra sin Estado y una crisis humanitaria sin precedentes

El director del Consultorio Socioambiental y Agropecuario del Nororiente Colombiano, José Manuel Alba Maldonado, trazó una radiografía cruda y detallada de la crisis humanitaria que se vivió durante el último año en la región del Catatumbo, una de las más golpeadas por la persistencia del conflicto armado en Colombia.

De acuerdo con el ingeniero agrónomo, la escalada de violencia puede entenderse en tres etapas claramente definidas. La primera corresponde al impacto inicial de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, una confrontación que provocó una diáspora masiva, numerosas muertes y un clima de terror en la población civil, sorprendida por acciones armadas repentinas y sin distinción.

La segunda etapa estuvo marcada por el reacomodo territorial de los grupos armados. Las disidencias de las Farc, bajo la estructura del Partido Comunista Clandestino, se replegaron hacia zonas históricas de control en la parte baja del Catatumbo, ocupando predios estratégicos. En contraste, sus adversarios ingresaron por Ocaña, utilizando rutas de colonos provenientes del sur del Cesar y Bolívar, a través de la cordillera Oriental, y se asentaron en zonas altas y medias del territorio.

La tercera fase, explica Alba Maldonado, corresponde a una contraofensiva de las disidencias, apoyada en tecnologías no previstas por las autoridades, como el uso de drones, en una dinámica propia de la guerra de guerrillas. “No sabemos qué pueda ocurrir más adelante con esta confrontación”, advierte el analista.

La población civil, la principal víctima

Líderes sociales coinciden en calificar de trágico el avance del conflicto armado. Las cifras son alarmantes y evocan los peores episodios de la violencia paramilitar: cerca de 56 mil personas habrían salido del Catatumbo en menos de una semana, buscando refugio principalmente en Ocaña y Cúcuta.

Aunque las autoridades reportan procesos de retorno, persiste la preocupación por los combates en sectores como Filo Gringo, Versalles, Orú y Tibú. En medio de estas dinámicas, las principales víctimas siguen siendo niños, adolescentes, campesinos, comunidades indígenas y estudiantes. Las entidades estatales intentan responder, pero la magnitud del fenómeno ha superado la capacidad institucional.

“Ningún organismo estaba preparado para afrontar una situación de esta dimensión. El impacto es muy grande”, señaló Alba Maldonado, al referirse también al cierre prolongado de dos oficinas de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, en San Pablo de Teorama y El Tarra, durante todo 2025. Su reapertura, afirmó, dependerá de que existan condiciones reales de seguridad para profesionales y campesinos que participan en procesos de capacitación, clave para la proyección académica del primer semestre de 2026.

Un conflicto sin reglas humanitarias

Para el director del Consultorio, el actual escenario no corresponde a un conflicto armado contra el Estado. “Se trata de una confrontación entre actores al margen de la ley, donde no se garantizan los protocolos de derechos humanos ni la supervivencia de los campesinos”, sostuvo.

En este contexto, pensar en desarrollo regional resulta inviable. Proyectos productivos articulados con cooperativas y asociaciones están paralizados, mientras que el temor institucional y el recelo predominan en los territorios. Desde la academia se intenta una lectura integral para recuperar presencia, pero advierten que la confrontación ya no es ideológica: el conflicto político-militar tradicional dio paso a disputas armadas asociadas al control territorial y económico.

El Acuerdo de Paz, una oportunidad perdida

Uno de los factores determinantes de la crisis, según el análisis, es la no implementación del Acuerdo de Paz en el Catatumbo. Tras la dejación de armas de las Farc-EP y su concentración en Caño Indio, se generaron vacíos de poder que fueron ocupados por otros grupos armados.

“Primero hubo una guerra en 2018 entre el ELN y el EPL, y luego otra entre el ELN y las disidencias”, recordó Alba Maldonado. A su juicio, el Estado debió llegar de manera integral a los territorios, con Reforma Rural Integral y garantías de participación política. La falta de avances, sumada a los incumplimientos, terminó fortaleciendo a las disidencias y empujando a excombatientes a retomar las armas.

A esto se suma la persistencia de economías ilegales, especialmente los cultivos ilícitos. “No es lo mismo erradicar que sustituir con garantías. Muchas familias apostaron todo, pero los proyectos productivos nunca llegaron”, concluyó.

Un año de sangre y desplazamiento

El Catatumbo fue epicentro de la segunda masacre de 2025, ocurrida en la vía Cúcuta–Tibú, donde una familia completa fue asesinada. Sin saberlo, este hecho se convirtió en el detonante de una confrontación que derivó en una de las peores crisis humanitarias de la historia regional.

El 16 de enero de 2025 el país despertó con nuevas masacres, seguidas de incursiones armadas en veredas y corregimientos. Dos días después comenzaron a llegar las primeras familias desplazadas a Cúcuta, en caravanas improvisadas, con banderas blancas como símbolo de paz.

El estadio General Santander se convirtió en el principal punto de recepción. En pocas horas, más de 10 mil personas arribaron a la capital nortesantandereana. La solidaridad ciudadana se hizo presente con donaciones, ollas comunitarias y voluntariado. Quienes no tenían familiares fueron alojados durante meses en hoteles y albergues.

El confinamiento prolongado y los desplazamientos continuaron hasta finales del año. Solo en la última semana de 2025, más de 2.000 personas llegaron nuevamente a Cúcuta, desbordando una vez más la capacidad institucional.

Según datos del PMU Catatumbo, el año de conflicto dejó 91.726 personas desplazadas, 166 civiles asesinados y 19 integrantes de la fuerza pública muertos. Un año después, la crisis no termina. El conflicto sigue tan vigente como el primer día, y la sangre de los catatumberos continúa derramándose en su propio territorio.

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